Los presidentes de los Bloques de diputados y senadores nacionales de la Unión Cívica Radical, Ricardo Gil Lavedra y Luis Naidenoff, respectivamente, interpusieron ayer un amparo contra la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual – AFSCA – con el fin de que, en resguardo de la legalidad que debe defender como autoridad de aplicación de la ley de medios audiovisuales, determine que la transferencia de algunos medios de comunicación, anunciada públicamente por parte del grupo Hadad al Grupo Indalo, es nula de nulidad absoluta y carece de todo efecto por violar de modo palmario expresas disposiciones de la ley Nº 26.522 y lesionar principios de raigambre constitucional que protegen la libertad de expresión.

Asimismo, solicitaron que se dicte una medida de no innovar que impida tanto el perfeccionamiento como la aprobación de esa transferencia y el cambio de titularidad de las licencias de los medios de comunicación que han sido objeto de tal operación hasta tanto la acción interpuesta sea resuelta, como así también que impida la aprobación por la autoridad de aplicación del cambio de control accionario de las personas jurídicas que son titulares de dicha licencia.

Los Bloques parlamentarios de la UCR sufren una afectación específica en su derecho a integrar la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, a estar representados en el AFSCA y, a partir de allí, a ejercer el control de legalidad que la ley de medios les atribuye.

Frustrados esos derechos por la negativa del oficialismo a poner en marcha esa Comisión Bicameral, los Bloques de la UCR recurren a la Justicia para instarla a ejercer el control que hubiera correspondido desarrollar primariamente en el nivel político.

La transferencia de medios anunciada, viola en forma manifiesta la ley 26522 porque las licencias son intransferibles y esta no se encuadra en ninguna de las excepciones previstas. Además, si se perfeccionara, se excedería el número máximo de señales que un titular de licencias puede tener en una misma área.

No escapa al observador menos avezado que es el propio gobierno nacional el que se encuentra detrás de esta transferencia, para la que ha presionado al grupo vendedor. El objetivo es sumar más medios, mediante un empresario amigo, a la cadena hegemónica de comunicación que el oficialismo viene construyendo entre medios estatales y otros adictos, solventados con recursos públicos.

La cuestión es muy grave porque está en peligro la libertad de expresión. La “pluralidad de voces” que el gobierno alegó como propósito al impulsar la sanción de la ley de medios se ha evidenciado como una afirmación hipócrita, como lo advirtió en su momento la Unión Cívica Radical.

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