El 24 de julio, publicábamos una nota de opinión del conocido periodista y locutor de radio, Don Mario A. Muñiz (ver aquí) en la que trataba a cerca de "Las deudas de las que nadie quiere hablar en Entre Ríos". Hoy compartimos la segunda parte, que fuera publicada en el Diario EL DÍA de Gualeguaychú, el domingo pasado...

La deuda de Entre Ríos es cuantiosa y aumenta en el segundo semestre iniciado. Pero se puede pagar. Sólo hay que reclamar los fondos que el gobierno nacional le quita mes a mes a la Provincia. No es una ilusión. Los números son muy claros. 

La deuda acumulada por el Estado entrerriano al 31 de diciembre pasado llegaba a 7.071 millones de pesos, conforme señalábamos hace una semana en esta columna. De esa suma, 4.998 millones corresponden a deuda consolidada y dentro de ésta 2.321 millones le debe la Provincia al Estado nacional según la documentación firmada en diciembre de 2011, a pagar desde fines de este año.

Sosteníamos en la nota anterior que hay una forma de aliviar y hasta revertir la tendencia de endeudamiento que ha signado los últimos cinco años de nuestra vida provincial. Suena utópico, pero consiste en reclamar a la Nación lo que nos corresponde legalmente por coparticipación. 

Por un lado la Provincia aparece como deudora de la Nación. La cifra está acordada desde hace dos años, los papeles firmados y dentro de cinco meses hay que empezar a cumplir. Por otro la Nación le debe a la Provincia un montón de plata y no hay reclamo ni documento alguno. Así perderemos siempre.

El problema no es sólo de Entre Ríos, sino de todas las provincias, porque el Estado nacional se queda con la tajada mayor de la torta impositiva. El índice 2012 de coparticipación federal alcanzó a duras penas a 26,1%, el más bajo de los últimos 63 años, a repartir entre todas las provincias. Es menos de la mitad de lo que indica la ley. Al resto lo embolsó la Nación. Desde ámbitos oficiales se rumorea que este año mejorará la distribución, pero está por verse. Todavía no se nota. Será mejor esperar. 

LA TAJADA GRANDE...
Conviene recordar que inicialmente, al crearse el régimen de coparticipación federal en 1935 el índice de reparto era 18%. No existían el IVA ni otros gravámenes que se fueron añadiendo. En 1949 Perón aumentó la coparticipación al 51% y en 1988 Alfonsín la llevó al 54,66 % mediante la ley 23.548 aún vigente. 

Menem y Cavallo en 1992 acordaron con los gobernadores recortar un 15% (Pacto Fiscal) para financiar el sistema previsional estatal, entonces altamente deficitario por la creación de las AFJP. Estas entidades desaparecieron hace cuatro años y medio al reestatizarse el sistema previsional. En consecuencia aquella poda perdió sustento. Sin embargo, el gobierno nacional no sólo ha seguido reteniendo el 15% de coparticipación, sino que a fines de 2011 la Presidenta prorrogó el recorte de Menem por decreto “de necesidad y urgencia” hasta 2015, sin que nadie chistara. 

IGUAL O PEOR QUE ANTES...
Más allá de la década (ganada o perdida), es fácil advertir que en este asunto -como en algunos otros- nada ha cambiado desde Menem a Cristina. A través de un procedimiento favorecido por la compleja distribución de los porcentajes y una fórmula polinómica que sólo entienden los especialistas, cada año el índice se achica a través del presupuesto, violando la ley sin que nadie se sonroje ni proteste. 

Además no todos los tributos nacionales están comprendidos en la distribución a las provincias. Del impuesto al cheque -creado en 2001 como “emergencia” por la crisis- sólo se coparticipa el 15%. A los derechos de importación y exportación, combustibles, energía, bienes personales, seguros, tabaco y espectáculos, entre otros, los percibe únicamente el Estado nacional. 

Mientras tanto, la Constitución de 1994 (Cristina estaba) en su art.75, inc.2, determina las condiciones generales de la coparticipación, además de ordenar en su sexta disposición transitoria que “el regimen de coparticipación será establecido antes de finalizar 1996”. A pesar de la precisión de esta cláusula, nadie la ha tenido en cuenta. Y a nadie se le ha ocurrido siquiera insinuar la posibilidad de iniciar conversaciones o al menos ciertas consultas al respecto. 

NÚMEROS ESCANDALOSOS...
¿Cuánto significa en números esta rapiña de los recursos provinciales? ¿Qué dicen los especialistas? Los datos son sorprendentes. 

Alejandro Caldarelli, director de la consultora Economía y Regiones, publicó el 29 de marzo último que la quita ilegal (e inconstitucional) del 15% les ha significado a las provincias en su conjunto, entre 1993 y 2012, una pérdida monumental de 326.800 millones de pesos que sustrajeron las arcas nacionales. El 90% de esa suma se concentró entre 2003 y 2012 (“la década ganada”, según dicen). Sólo el año pasado el gobierno nacional se quedó con 68.300 millones de pesos de las provincias. (Federalismo le llaman…) 

Un estudio de la Fundación Mediterránea permite establecer que en los diez ejercicios fiscales comprendidos entre 2002 y 2011 el Estado nacional le sustrajo a Entre Ríos 11.231 millones de pesos. A esa suma hay que añadirle 2.471 millones que le fueron quitados a nuestra provincia el año pasado. 

¿Y NADIE SE VA A QUEJAR? ¿NO HABRÁ RECLAMO ALGUNO?...
Es fácil deducir que si este dinero hubiese ingresado en la caja provincial, Entre Ríos no tendría deudas y además habría realizado obras de envergadura. Por ejemplo -para citar un caso y hay varios- el acueducto conocido como Proyecto Mandisoví, de cuyo anuncio en Concordia por parte del gobernador Urribarri, se cumplirán tres años el 20 de agosto. Y no ha pasado nada. Los arroceros y el norte entrerriano siguen esperando. Claro que el tema ya ha servido para dos campañas electorales. 

La experiencia sugiere que todo seguirá igual porque el gobierno de Entre Ríos no reclamará nada, aunque varios de sus integrantes, en la trastienda, admitan el calote nacional. Continuarán como hasta ahora, calladitos y aplaudiendo. 

FUENTE:
ELDIA (Diario de Gualeguaychú)