El gobierno argentino si quiere acceder a los mercados internacionales de crédito necesita demostrar que este es un país dispuesto a cumplir las exigencias de su ordenamiento jurídico y de los acuerdos internacionales que regulan las relaciones capitalistas.

Desde el default festejado por la bancada peronista durante la exigua presidencia de Rodriguez Saa hasta todas y cada una de las declaraciones y acciones anticapitalistas realizadas por el gobierno de la Presidente. A lo que hay que agregar conductas patrimonialistas - que se observan en el incremento del patrimonio de los funcionarios y de su participación en negocios que involucran dineros públicos. Todo este conjunto de comportamientos y actitudes han colocado a la Argentina en el lugar de los países no aptos para recibir inversiones.

La pérdida constante de divisas del Banco Central, la caída del empleo privado, el amesetamiento de la producción industrial entre otros males de la economía, hacen que los funcionarios gubernamentales pretendan revertir a través de decisiones jurídicamente dudosas los efectos de malas decisiones tomadas en los últimos años.

No es la rapidez ni la oscuridad lo que va a devolver credibilidad a la Argentina. Será considerado un país de bajo riesgo y pasible de inversiones en la medida en que se cumpla la ley. Sin respeto de la ley no hay capitalismo de inversión. Sólo se puede esperar comportamientos piratas de corto plazo y ganancia rápida.

El acuerdo REPSOL-YPF debe ser llevado al Congreso para su conocimiento y debe cumplirse la ley en lo que respecta a la tasación. No debe quedar duda que el precio es justo. No deben quedar dudas sobre lo correcto de su monto.

No es bueno que el gobierno impulse la desresponzabilización de los funcionarios públicos si busca reingresar al mercado internacional de capitales. El patrimonialismo, rompe con la igualdad ante la ley, principio básico de una república democrática. La desresponsabilización sólo puede entenderse cuando se trata de cubrir a funcionarios venales.

La UCR reclama al gobierno el cumplimiento estricto de la ley y el abandono de acciones políticas destinadas a proteger intereses patrimonialistas.

FUENTE:
WWW.UCR.ORG.AR